La pesquera industrial Landes, ligada a la familia Fosk y una de las seis más grandes del rubro, había anunciado a fines de marzo que estaba evaluando las acciones legales en contra del Estado de Chile por nocivos efectos que generarían para su negocio los cambios a la ley sectorial. En particular, el proyecto de fraccionamiento que impulsa el Ejecutivo en el Congreso, que busca reducir las cuotas de extracción vigentes hasta 2032 de las compañías industriales y aumentar las de los artesanales.
Y ya inició las primeras acciones judiciales contra el fisco por los cambios a la ley pesquera, incluso antes de que se promulgue la legislación sobre fraccionamiento, que está en gran parte aprobado por el Congreso donde se zanjan las últimas discrepancias en una comisión mixta.
Representada por el estadio de abogados Barros & Errázuriz, Landes solicitó ante el 26 Juzgado Civil de Santiago «decretar la medida prejudicial preparatoria de exhibición de los documentos».
Esto, lo pude respecto de quienes denomina en su escrito como «los futuros demandados», que en concreto es el fisco representado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y el Congreso. En el documento se señala que habrían incumplido con la obligación legal de acompañar el proyecto con el Informe Técnico, Financiero y de Impacto Regulatorio.
El escrito también alude al Presidente Gabriel Boric, afirmando que en «el proceso de formación de ley se encontraría viciado en su origen, toda vez que el fundamento del cambio regulatorio, expresado en el Mensaje Preisdencial, radicaría en una calificación jurídica que realiza el Poder Ejecutivo respecto de la actual Ley de Pesca, al considerarla ‘ilegítima e ilegal» (expresiones sinónimas), lo que constituye un vicio de ilegalidad por exceso y desviación de poder, por cuanto el Presidente de la República carece de potestades constitucionales para tal efecto».
Según detalló la firma en un comunicado, con esta medida de carácter prejudicial, Landes solicita que se detallen los antecedentes que justificaron calificar la actual legislación como «ilegítima e ilegal», ingresando un nuevo proyecto. También señaló que «evitando discutir el impacto regulatorio que traen los proyectos de ley, se tramitó una expropiación encubierta para evitar pagar las indemnizaciones que a las que Landes y otros actores del mercado tienen derecho, lo que a su vez contraviene la norma actual y las Licencia Transables de Pesca vigentes, modificándose así sustancialmente las reglas del juego».
Según Andrés Fosk, gerente general de Landes, «la nueva legislación pesquera que impulsa el Ejecutivo es una lápida para una empresa como la nuestra, que emplea en Talcahuano, Región del Biobío, a más de 600 personas en un rubro clave para el desarrollo del país. Más grave aún, golpea el bienestar de cientos de familias empujando iniciativas que violan la Constitución y afectan derechos patrimoniales desarrollados en más de 70 años de inversiones y trabajo empresarial».
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2025/05/07/1165617/empresa-pesquera-accion-judicial-estado.html
