El 12 de marzo pasado, Landes reunió a su equipo en el casino de isla Rocuant para abordar los alcances del proyecto de ley de fraccionamiento. La iniciativa, que actualmente se encuentra en discusión en la comisión de hacienda del Senado propone darle más cuota a la pesca artesanal de la que tiene actualmente, en desmedro de la pesca industrial. Entre otras cosas, propone reducir la asignación histórica de recursos pesqueros como el caso del jurel, que bajaría de un 90 a un 75% para la industria.
Durante la asamblea, Andrés Fosk, gerente general de Landes, explicó las implicancias de estos cambios y cómo afectarían directamente a la empresa y sus trabajadores y trabajadoras.
«Si este proyecto se aprueba, Chile perderá una industria clave. El jurel, nuestro principal recurso pesquero, especialmente en la región del Biobío, es esencial no solo para nuestra empresa, sino para la economía de la zona. El trabajo de todos está en riesgo. Hoy contamos con un gran prestigio a nivel internacional, tanto como empresa como país, y esperamos poder seguir manteniéndolo», advirtió Fosk.
El gerente general también señaló que la legislación propuesta tendría un grave impacto en la Región del Biobío, donde la pesca genera más de 6.800 empleos. “Tal como está planteado, el proyecto significará un aumento de costos y una menor competitividad para Landes, lo que pondría en riesgo la continuidad de la empresa”, agregó.
La instancia permitió responder inquietudes y reforzar la importancia de mantenerse informados sobre el avance del proyecto. En esa línea, Fosk anunció que se realizarán nuevas reuniones para actualizar al equipo y evaluar próximos pasos.
Estado Actual del Proyecto
El sector industrial ha expresado su rotundo rechazo al proyecto de ley, argumentando que vulnera los acuerdos establecidos en la actual Ley de Pesca, que está vigente hasta 2032. Uno de los aspectos más controversiales es la propuesta de licitar un 20% de las cuotas de especies estratégicas, superando el 15% que establece la normativa vigente. Esta modificación genera gran incertidumbre entre las empresas pesqueras, que temen por la estabilidad del sector y la seguridad de sus trabajadores.
Frente a este escenario, diversas empresas han adelantado que, si el proyecto es aprobado, recurrirán a acciones legales en tribunales nacionales e internacionales para defender sus derechos.
«Contamos con 800 trabajadores y trabajadoras, y el 60% de ellos está directamente relacionado con la operación del jurel» explicó Andrés Fosk. «Si se aprueba esta ley, habrá menos empleo y, en el peor de los casos, el cierre de la compañía».
Ante este panorama, Landes está evaluando las opciones legales disponibles. «Cuando la ley sea promulgada, definiremos los pasos a seguir. Lo primero será denunciar su inconstitucionalidad y la vulneración de los derechos adquiridos en 2012, cuando los permisos de pesca fueron reemplazados por licencias transables», concluyó Fosk.
El debate legislativo sigue su curso. El 6 de marzo se retomaron las discusiones en Valparaíso con la participación de autoridades, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, así como representantes del sector pesquero de distintas regiones del país. Desde el 25 de marzo, el proyecto cuenta con urgencia inmediata, lo que acelera su tramitación en el Congreso.
Revisa algunos extractos de la asamblea en el siguiente video.
